Las condiciones que Ciudadanos ha puesto encima de la mesa para negociar la investidura de Mariano Rajoy ponen en un brete a la actual senadora del PP Rita Barberá. Uno de los requisitos que el pasado martes planteó Albert Rivera es la separación inmediata de cualquier cargo público imputado formalmente por corrupción hasta la resolución completa del procedimiento judicial. Si existía algún tipo de duda del alcance de esta propuesta, el vicesecretario del partido, José Manuel Villegas, la despejó en una entrevista radiofónica: «Si la señora Barberá fuese imputada, con la firma del acuerdo, se tendría que ir».
Se da la paradoja que la ex alcaldesa de Valencia es vocal electo del Comité Ejecutivo que Rajoy ha convocado el próximo día 17 de agosto para, precisamente, votar las condiciones impuestas por Ciudadanos y así abrir una vía de negociación. Otra cosa es que Barberá se deje caer el próximo miércoles por la calle Génova para participar en una votación que, salvo sorpresa, será afirmativa y la pondrá a las puertas del abismo.
Y es que su situación judicial es complicada para la hasta hace nada referente del PP valenciano. A finales de julio, la Fiscalía del Tribunal Supremo instó al Alto Tribunal a abrir la causa contra la ex alcaldesa. De esta manera, el Ministerio Público se alineaba con la posición establecida por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad y avalaba la investigación que ha provocado la imputación de todo el grupo municipal del PP por un presunto delito de blanqueo de capitales.
No obstante, su aforamiento dada su condición de senadora ha impedido que Barberá (y también el diputado autonómico Miquel Domínguez) hayan sido hasta la fecha imputados.
Así, la decisión final está en manos del Supremo que debe pronunciarse sobre la investigación y decidir si finalmente abre la causa contra la ex alcaldesa después de que el juez valenciano encargado de la causa, Víctor Gómez, le enviará la parte de la investigación que afecta a la senadora el pasado mes de abril.
De la decisión del Supremo también está pendiente el PP nacional que le abrió un expediente informativo a la senadora que ahora está en barbecho. Fue una maniobra interna para intentar acallar las voces críticas que dentro del PP recelaban de la defensa que, en sus primeras declaraciones el presidente del partido, Mariano Rajoy, hizo de su buena amiga.
Se presuponía que sería un expediente fugaz que tendría una rápida resolución. De hecho, la alcaldesa ya prestó declaración ante el instructor nombrado por el partido y negó que en el grupo municipal se blanqueara dinero como señalan los informes de la UCO. Pero poco a poco la presión se fue diluyendo y la proximidad de las nuevas elecciones hizo que la investigación interna cayera en el olvido. Ahora, el partido parece que no tomará ninguna decisión hasta que el Supremo se pronuncie.
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